A fines del siglo pasado, más precisamente en 1999, una ley tipificó cómo se deben clasificar los vinos en Argentina por su origen. La discusión sobre la diferencia entre IG y DOC se volvió central: Era una necesidad para el país, y un requerimiento internacional para poder exportar. La razón es simple, y es que el sabor del vino se moldea en gran parte por el lugar del que viene.
Para ordenar su etiquetado, en un país donde los viñedos están plantados en lugares remotos, poco conocidos y muchas veces a una distancia considerable de las bodegas, era necesario definir qué se podía y qué no establecer como origen del vino.
El ejemplo ideal es Luján de Cuyo: en esa región están emplazadas la mayoría de las bodegas de Mendoza, pero todas trabajan con uvas de otros departamentos, como Tupungato o Tunuyán, y con lugares más específicos como San Pablo o Gualtallary.
¿De dónde viene el vino, del lugar donde está la bodega o de dónde están las uvas? Para aclarar ese punto, se establecieron las Indicaciones Geográficas (o IG) y un tipo particular de ellas, que son las Denominación de Origen Controlada (DOC).
En el primer caso, Indicación Geográfica refiere al etiquetado, es decir, si el lugar del que proviene el vino está reconocido por su cualidad y explica el sabor del vino, pero además tiene estatuto legal para ser mencionado en la etiqueta.
Así, IG’s como Paraje Altamira y Los Chacayes tienen validez, mientras que otros lugares como Campo Los Andes o Agua Amarga, carecen de ese estatuto, a pesar de ser localidades o parajes vecinos.
La diferencia entre IG y DOC: explicando el fenómeno
Una DOC, en cambio, va un paso más allá. Aplica a los vinos de una región reconocida, que además tiene un trabajo de estilo específico.
De ahí que sean una Denominación de Origen “Controlada”. El Consejo Regulador es quien otorga o no la posibilidad de usar esa distinción en función de la calidad del vino y del estilo requerido.
Para seguir con el ejemplo anterior, Luján de Cuyo, veamos los requisitos que deben tener los vinos de esa región que busquen aspirar a la DOC allí:
- Producido y embotellado en origen;
- Viñedo con una antigüedad mínima de 10 años, espaldero y una densidad superior a 5.000 plantas por hectárea;
- Bajo rendimiento limitado por hectárea;
- Variedad Malbec (85% mínimo y 15% restante de variedades autorizadas en el reglamento);
- Graduación alcohólica mínima: 13,5%;
- Crianza: 18 meses entre la cosecha y salida al mercado, con 6 meses mínimo de crianza en madera.
Así, cuando uno se encuentra en la góndola con un vino Malbec DOC Luján de Cuyo, sabe que, además de venir de viñedos ubicados en esa región de Mendoza, el vino cumple con esos requisitos.
Además de aparecer la expresión “Malbec D.O.C. Luján de Cuyo”, en algún lugar de la etiqueta esos vinos poseen una medalla que encierra a una vid. Es el símbolo de esta categorización, que marca la diferencia entre IG y DOC.
Pioneros de una idea actual
En la década de 1980 y de la mano del Instituto Tecnológico Agropecuario (INTA) comenzó la tipificación de los terruños para el vino en Mendoza. El primer paso, claro, se dio en Luján de Cuyo, entonces cabecera de los vinos de calidad del país.
Para 1988, los productores de la región que buscaban marcar una diferencia cualitativa, siguiendo esos estudios, delimitaron un área en la que estaban seguros que el sabor del vino se explicaba por su origen.
Así nació en 1989 la primera Denominación de Origen Controlada de Argentina, inspirada en los modelos europeos. La idea era proteger y potenciar principalmente al Malbec como una variedad que se distinguía en esa región.
No se equivocaron: diez años más tarde, el proceso exportador de vinos argentinos se apalancó en una variedad ignota para el mundo cuyo primer sabor –fruta roja madura, taninos amables y frescura moderada– fue el de Luján de Cuyo.
“Quienes crearon la DOC Luján de Cuyo –con Alberto Arizu padre como principal mentor– fueron realmente unos visionarios y adelantados en el tiempo”, dice Roberto de La Mota, flamante presidente del consejo.
Es que plantearon con diez años de anticipación lo que definiría la ley en 1999 como Indicación de Procedencia, Indicación Geográfica y Denominación de Origen.
Pero, además, “el hecho de que exista una DOC protege a los productores y jerarquiza la zona en la que están sus cultivos; al patrimonio nacional, preservando y poniendo en valor viñas antiguas, y al consumidor, quien tiene garantizada la calidad e identidad del producto que adquiere”, se explaya De la Mota.
Tres décadas más tarde, aquella inicial diferencia entre IG y DOC se ofrece como una piedra fundacional al proceso de tipificación de los terruños que hoy se lleva a cabo en Argentina.
