Tengamos la fiesta en paz. El deseo, convertido en frase popular, en este final del 2023 parece una quimera para la industria del vino. Por un lado, el anuncio oficial de la aplicación de retenciones del 8% a las exportaciones puso en guardia a los bodegueros. Por otro, el extenso Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el presidente Javier Milei sumó alarma en un sector que sufrió este año una caída de casi el 30% en sus ventas al exterior.

Analizando el alcance del DNU

Alejandro Vigil, presidente de Wines of Argentina (WofA), entidad que vela por la promoción del vino nacional fuera del país, marcó para Vinómanos los colores que ve en el semáforo.

En amarillo, observa las implicancias sectoriales del DNU. “Hasta el momento, y si bien hay que seguir leyendo la letra chica, el impacto directo se da con la eliminación de los contratos que se hacían a través de la Bolsa de Comercio, pagando un sello, entre productor y bodega”, comentó.

En rojo, ve la necesidad de trabajar sobre tres pilares: “Competitividad del dólar, retenciones a las exportaciones agrícolas que van directo a la estructura de costos y afectan la rentabilidad y los acuerdos bilaterales que habrá que gestionar con otros países para lograr tasa 0”.

Es que el país paga en promedio 5% de aranceles para acceder a los mercados globales, como consecuencia de la falta de acuerdos internacionales.

Desde el sector se analiza el alcance del DNU.

Según Vigil, la principal misión de la industria será en lo inmediato “trabajar para demostrarle al gobierno por qué no conviene que el vino se vea afectado por un 8% de retenciones a las exportaciones. Es una tarea que tendrán que encarar las cámaras”.

Justamente, desde Bodegas de Argentina, asociación empresaria que nuclea a más de 200 productores y proveedores del sector vitivinícola, su vicepresidente, Juan Schamber, precisó a Vinómanos por qué están a la expectativa.

“Hay que ver el impacto del DNU en la actividad económica en general, en cuestiones comerciales pero también en las relativas a la contratación de trabajadores. La cantidad de medidas es abrumadora y estamos empezando a analizarlas. Pero por fuera del decreto, que el vino vuelva a pagar derechos de exportación en el peor año de los últimos diez es retroceder muchísimos casilleros”, remarcó.

La baja competitividad del negocio durante el último año hizo que las exportaciones sufrieran una caída histórica del 27% en volumen y del 17% en facturación. La falta de continuidad y el incumplimiento cierran puertas cuyas aperturas costaron años de negociaciones.

“El mercado internacional no es un ente abstracto: del otro lado hay una persona que elige comprarnos para llenar sus góndolas. Si no le cumplimos, si no podemos hacerle llegar nuestros productos porque no vamos a exportar a pérdida, no se hace problema: compra vino de otro país”, dijo Schamber. Así de simple, y de trágico, para la industria nacional.

Es que, a diferencia de la soja o el maíz, el vino no es un commodity. “En el caso de los granos, si una producción no se vendió se ofrece ante traders y los compradores aparecen. Nuestro negocio, en cambio, es mucho más artesanal. Las relaciones se construyen a lo largo de mucho tiempo”, lamentó el dirigente.

La entidad, no obstante, ve con buenos ojos todo lo que sirva para eliminar trabas burocráticas a la hora de comerciar, y espera seguir sosteniendo diálogos, tanto con el gobierno nacional como los provinciales, para acercar posiciones.

Negocio inviable

La gimnasia de compartir mesa de discusión ya había sido esgrimida por Bodegas de Argentina y otros representantes de la industria ante el equipo del ex ministro de Economía Sergio Massa, a quien le pidieron a mediados de año la instauración del Dólar Malbec, no solo para mejorar la competitividad de las exportaciones sino para aliviar la situación de los productores afectados por las heladas y el granizo.

Pero no alcanzó. Y el cambio de gobierno solo trajo preocupaciones nuevas a partir del anuncio del secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella, de volver a gravar las exportaciones. “Ha habido una miopía muy importante por parte del Gobierno nacional”, se quejó Carlos Fiochetta, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

De hecho, Bodegas de Argentina había rechazado de plano la idea de la aplicación de derechos de exportación al vino, “cualquiera sea el valor” de esas retenciones, convencidos de que harían que el negocio se vuelva “inviable”.

La entidad advirtió que entre empleos directos e indirectos la industria del vino ocupa a 450.000 personas en 18 provincias. “Es un sector no concentrado, con 17.000 productores primarios, 900 bodegas que elaboran vinos y 500 exportadores y proveedores que venden a más de 150 países”, subrayó en un comunicado.

A poco de asumir, los anuncios realizados por el Gobierno Nacional, con una devaluación del 100% del tipo de cambio oficial y un mix para la liquidación de exportaciones conformado por un 80% al tipo de cambio oficial y un 20% con dólar financiero, habían generado una mejora competitiva del 20% respecto del sistema vigente durante el gobierno de Alberto Fernández.

Sin embargo, según Bodegas de Argentina, este alivio “baja al 12% con la aplicación del 8% de retenciones”.

Del mismo modo, la gestión del presidente Milei determinó que para las importaciones se aplique una devaluación del 100% más un cambio en el Impuesto PAÍS, que pasó del 7,5% al 17,5%. “Como consecuencia, los proveedores de los insumos más importantes han comunicado incrementos del orden del 60%”, expresó la entidad.

A ese panorama se suman las retenciones, que representan “60 millones de dólares de costo fiscal”, cifra “cercana al monto que las bodegas gastan en acciones de promoción y publicidad en los mercados en los que están presentes”.

Claramente, nadie hará semejantes esfuerzos para cambiar la plata.